Mar10212014

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¡Más IVU! Ahora en las compras por Internet y otros, que Dios nos proteja

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altEs ya una tendencia de gobierno de Puerto Rico, por lo que pienso una política pública definida, la imposición de nuevos impuestos a los comerciantes y a la población en general. Esto es en detrimento de las nociones más básicas de economía, para estimular la economía del país fuera de la Gran Recesión. En este caso, son los nuevos impuestos sobre las ventas realizadas en Internet, por correo, telemarketing y otros, que tienen contactos mínimos con negocios en la Isla.

La nueva legislación impulsada por el gobierno, específicamente el Departamento de Hacienda, es a los efectos de enmendar los artículos 4010.01, 4010.03, 4020.08, 4041.02 y añadir el apartado (d) al artículo 6043.02 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico. La ley 42 del 30 de junio de 2013 de 2013, crea legislación para aliviar la crisis económica con la “necesidad” del IVU, según lee la exposición de motivos de la Ley. A esos efectos, el Dpto. de Hacienda convenció a la legislatura de la Isla de que habría unos recaudos de $20 millones (USD) dentro al fisco. Estas son una parte de las proyecciones de Hacienda, con las cuales se pretende cuadrar las arcas del país. Por mi parte y en ese sentido, pienso como decía mi abuelita, que nos coja Dios confesados a todos.

Esta legislación, además de ir en detrimento de los principios más básicos de economía, de no cobrar impuestos para estimular la economía especialmente en momentos de recesión, es una legislación basada en conceptos foráneos estadounidenses que son implementados con liberalidad en la Isla. Es una tendencia del cual los legisladores puertorriqueños no han logrado superar; se piensa erróneamente, que por que una ley funcione en los Estados, funcionará en Puerto Rico.

Específicamente la legislación lo que incorpora son los principios del caso Quill Corp v. North Dakota, 504 US 298 (1992). Donde básicamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos incorporó la doctrina del Debido Proceso de Ley al cobro de contribuciones por el estado de North Dakota, por tener este unos contactos mínimos o unos “links” con la jurisdicción de los vendedores, estos no tenían presencia física en esa jurisdicción.

¿Entonces quienes tienen que pagar contribuciones en Puerto Rico? No son los comerciantes en este caso, la ley le impone la obligación al comprador, cuando no haya agente retenedor para pagar el IVU. Además, deben ser transacciones en exceso de $10,000 (USD), sobre mercaderías que se compren mediante el Internet, telemarketing, por correo u otras, en donde haya un enlace con la jurisdicción de Puerto Rico. En otras palabras, que si uno a través de un intermediario de la Isla compra una mercadería esa requiere el pago del IVU por el comprador. Cabe mencionar, que la ley excluye específicamente aquellas transacciones en donde no haya nexo con Puerto Rico.

En la legislación es meritorio mencionar que el problema de la competencia desleal es uno de los asuntos que pretende resolver. Sobre este asunto es lógico pensar que el gobierno de la Isla está defendiendo los intereses de empresarios capitalistas y no de los PYMES (pequeños y medianos comerciantes), que están lidiando con una Isla inmersa en una profunda crisis económica, con varios aumentos en las necesidades básicas y con un rampante tase de desempleo.


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