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La remilitarización de Centroamérica provoca más muertes y violencia

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Bajo fuego cruzado, la población centroamericana es también objeto de violaciones a los derechos humanos

- ¡Lánzate al agua, no te detengas! - gritó Clara Wood Rivas a su hijo, Hasked, mientras las balas provenientes del helicóptero militar pasaban rozando su cuerpo e impactaban en el pequeño bote. Clara nadó con toda su fuerza hasta llegar a la orilla del río Patuca. Se volteó para buscar a su hijo en medio de la oscuridad. Lo llamó, pero no obtuvo respuesta.

 

 

Esa fue la última vez que Clara vio a su pequeño con vida. Hasked Brooks Wood tenía sólo 14 años y cayó bajo las ráfagas mortales disparadas por agentes del operativo conjunto del FAST (Equipo de Apoyo Consultivo en el Extranjero) de la DEA (Drug Enforcement Administration) y del Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras.

Con él, perdieron la vida Emerson Martínez Henríquez (21 años), Juana Jackson Ambrocio (28 años) y Candelaria Pratt Nelson (48 años). Cuatro personas más fueron heridas de gravedad. Juana y Candelaria tenían cinco meses de embarazo.

De acuerdo con la investigación independiente realizada por el COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) en la región de la Mosquitia, en Honduras, el pequeño bote en el que se transportaban 16 personas fue atacado por agentes hondureños y estadounidenses, creyendo que la embarcación estaba transportando droga descargada de una avioneta unas horas antes.

La investigación también mostró que, en ningún momento, hubo un intercambio de disparos, sino que el ataque provino desde los helicópteros y que continuó en tierra firme, "sometiendo la población civil a detenciones ilegales, amenazas de muerte, allanamientos, saqueo de bienes, trato crueles, inhumanos y degradantes”, se lee en el informe.

La DEA negó cualquier tipo de participación de sus efectivos en el ataque. Igualmente, la embajadora estadounidense en Honduras, Lisa Kubiske y el canciller hondureño Arturo Corrales, aseguraron que los efectivos que protagonizaron el operativo antidroga actuaron “en forma debida y en defensa propia”, supuestamente para responder a disparos que provenían del pequeño bote.

“Reto a todas estas instituciones que actuaron en contra de la vida de las personas a que sean valientes. Que admitan que se equivocaron, que dispararon en contra de una población civil que no tiene vínculos con el narcotráfico. En vez de estar justificando la muerte de mujeres embarazadas y niños y estar lavando la sangre derramada, deberían pedirles perdón a los familiares de las víctimas”, dijo a Opera Mundi, Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH.

Un mes después (25/6), agentes de la DEA mataron a tiros a un hombre que supuestamente participaba en la descarga de cocaína en la zona de Brus Laguna. A los pocos días, abatieron al piloto de una avioneta que se estrelló en la zona de Olancho, mientras trataba de evadir una operación antinarcóticos. La DEA reconoce que la cifra global de fallecidos durante estos operativos en territorio hondureño en los últimos dos meses asciende a ocho.

“La militarización siempre trae consigo muerte y graves violaciones a los derechos humanos. Lo que ha ocurrido en la Mosquitia hondureña es el resultado de una política de Estado que se está regando por toda la región, y que está encaminada a remilitarizar las sociedades”, apuntó Oliva.

Militarización y violencia

El proceso de remilitarización que está viviendo Centroamérica en los últimos años, junto con el reposicionamiento estratégico-militar de Estados Unidos en la región en aras del combate al narcotráfico, ha generado fuertes debates y un malestar profundo en amplios sectores de la sociedad.

Según varias organizaciones, la puesta en práctica de programas como la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central) o la Iniciativa Mérida, así como la adopción de nuevas tácticas de guerra asimétrica e irregular, muy similares a las operaciones militares contrainsurgentes utilizadas por las tropas norteamericanas en varios rincones del mundo, serían pretextos que Estados Unidos usa para reafirmar su presencia en la región y preservar sus intereses. Como ya ocurrió durante los conflictos bélicos en las décadas pasadas, la población civil es la más afectada.

“Nuestro territorio se ha transformado en un centro de operaciones y de movimiento de capitales controlados por el crimen organizado, y los países del Sica (Sistema de Integración Centroamericana) apoyan la idea de reproducir la misma estrategia fracasada del combate al narcotráfico adoptada en Colombia y en México. En estos países, la salida militar no sólo no ha resuelto el problema, sino que lo ha profundizado”, manifestó Jorge Coronado, miembro de la Comisión Nacional de Enlace Costa Rica.

En Costa Rica el ejército fue abolido en 1948. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la “militarización” de la Policía y la compra de armamento y de unidades de despliegue rápido. Hasta se aplicó un nuevo impuesto a las sociedades anónimas para financiar el Ministerio de Seguridad Pública.

Coronado explicó que los efectivos policiales están siendo entrenados por el Mossad (Servicio de inteligencia y contraespionaje israelí), los carabineros chilenos y los cuerpos especiales del ejército colombiano y méxicano. Además, la DEA financia toda el área de seguridad pública y, junto con los asesores de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), participa en cada operativo. “Estamos al borde de una escalada de la militarización y la violencia, listos para abrir las compuertas para que se desate una guerra regional”, alertó el experto costarricense.

En el Triángulo Norte - Guatemala, Honduras y El Salvador - la DEA ha tomado el control de los operativos antinarcóticos. “Se hace acompañar por efectivos nacionales justo para darle una parvencia de legitimidad a las operaciones encubiertas. Nadie sabe de verdad lo que está pasando en estas zonas remotas del país”, manifestó el sociólogo guatemalteco Gustavo Porras Castejón.

Según él, el reposicionamiento militar de EUA en la región responde también a otros intereses, como, por ejemplo, la preocupación ante procesos de fortalecimiento y unidad de los países latinoamericanos. El proyecto de creación del CDS (Consejo de Defensa Sudamericano), un mecanismo de cooperación e integración militar impulsado por el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y asumido en 2008 por la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), sería, por ejemplo, uno de los elementos fundantes de la decisión de EUA de instalar 7 bases militares en Colombia, así como de reforzar sus operaciones navales en Panamá y lanzar una escalada militarista en Centroamérica.

“En definitiva, el combate al narcotráfico y al crimen organizado revela la hipocresía de EUA. Con su política de seguridad está facilitando nuevos procesos de militarización, desplaza a los cárteles hacia nuestros países y aleja los problemas de su territorio. Allá nadie está haciendo nada para combatir el consumo y la narcoactividad”, expresó María Silvia Guillén, ex comisionada de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y directora ejecutiva de la FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho).

En el caso de El Salvador, Guillén alertó sobre la militarización de las instituciones salvadoreñas. “Los militares han tomado los puestos claves de la seguridad pública. Ya tenemos a dos generales en retiro controlando el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía Nacional Civil (PCN). Eso violenta abiertamente la Constitución y los Acuerdos de Paz”, afirmó. La directora del FESPAD denunció incluso un repunte de las ejecuciones extrajudiciales en el país, con el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas. “Estamos volviendo al pasado”, dijo.

En Panamá, el ejército fue abolido después de la invasión de 1989 y las bases militares norteamericanas cerradas después de la entrega del Canal a las autoridades panameñas en el año 2000. Sin embargo, la presencia militar norteamericana no ha desaparecido. Antes bien está teniendo un repunte nunca antes visto.

En efecto, durante los últimos años, se ha registrado un incremento desmedido de los patrullajes aéreos y navales, las maniobras militares conjuntas (Panamax) y de la participación norteamericana en retenes en todo el país. Hasta se les ha otorgado jurisdicción a los guardacostas estadounidenses sobre buques con bandera panameñas.

“En los últimos tres años se han gastado 1500 millones de dólares en compra de armamento y el presupuesto de la Policía ha crecido en 550 millones. Además, se están creando 14 bases aeronavales que estarán orientadas a favorecer la política de seguridad impulsada por EUA”, dijo Silvestre Díaz, directivo nacional del FRENADESO (Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales).

Para muchos, la remilitarización de la región centroamericana es parte del gran negocio de la venta de armas. En 2011 las exportaciones de armas de EUA se han triplicado, alcanzando la cifra récord de 66.3 mil millones de dolares. Según Andrew Shapiro, secretario adjunto de Estado para Asuntos Políticos-Militares, el complejo militar-industrial estadounidense vendió un 78% de las armas del mundo. En junio de 2012, Estados Unidos ya había sobrepasado los 50 mil millones de dólares en venta de armas al extranjero.

El caso Nicaragua

Si bien Nicaragua ha mostrado, en los últimos años, un ligero aumento del presupuesto del Ejército y la Policía, y ha anunciado la puesta en operación de un nuevo batallón de tropas navales en la Costa Pacífica y un destacamento antidroga “de aguas interiores” de la Fuerza Naval en el río San Juan, en el extremo sureste del país, su participación a la lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado sigue teniendo matices muy particulares.

“El combate a la droga hay que analizarlo según la forma en que cada país lo asume. El modelo nicaragüense es muy efectivo y no deja secuelas porque nuestro Ejército y nuestra Policía nacen con la revolución sandinista, de las mismas entrañas del pueblo, y están profundamente enraizados en la comunidad y con su gente”, señaló a Opera Mundi el ex presidente del Parlamento Centroamericano y actual diputado sandinista, Jacinto Suarez.

En efecto, el modelo policial preventivo, proactivo y comunitario, junto con la efectividad del ejército nacional, no sólo está dando resultados muy concretos y representa un muro de contención contra la narcoactividad, sino que está siendo estudiado en toda América Latina.

Desde que el líder sandinista Daniel Ortega asumió la presidencia de Nicaragua, el nuevo gobierno tomó una posición muy clara sobre cuál debía ser el rol de EUA en el país, con respecto al combate al narcotráfico. “Luchar contra el narcotráfico no significa que ahora venga la DEA a querer establecerse aquí con sus bases, sus helicópteros, sus tropas. ¡Bajo ningún punto de vista! Por eso tenemos nuestro ejército nacional y nuestra policía que van a llevar en la práctica las operaciones contra el narcotráfico”, dijo el presidente Ortega a los pocos meses de haber asumido el mandato, en 2007.

“Con la DEA vamos a tener un trabajo de cooperación, pero con mucho cuidado. No podemos ser ciegos con la DEA, porque ellos tienen sus intereses que van mucho más allá de la lucha contra el narcotráfico. Por principio, no permitiremos que vayan metiendo sus tropas en nuestro territorio, porque ya se han descubierto cosas terribles en esas operaciones de la DEA”, sentenció Ortega.

El actual proceso que se está llevando a cabo en Nicaragua contra el empresario nicaragüense Henry Fariñas, el ex magistrado electoral Julio Cesar Osuna y otras 22 personas, así como la detención de los 18 falsos periodistas de la cadena mexicana Televisa, detenidos con más de nueve millones de dólares en un puesto fronterizo con Honduras, es un ejemplo claro de la efectividad del modelo nicaragüense.

Fariñas es acusado de lavar más de nueve millones de dólares, de tener vínculos directos con los cárteles mexicanos y con el costarricense Alejandro Jiménez, alias "El Palidejo", principal sospechoso de ser el autor del atentado contra Fariñas, en el que perdió la vida el cantor y compositor argentino, Facundo Cabral.

Saqueo de recursos

Sembrar incertidumbre y miedo en las poblaciones que se encuentran bajo fuego cruzado, desplazándolas de sus territorios para abrir paso a la explotación de valiosos recursos naturales del suelo y del subsuelo, es la acusación que varias organizaciones centroamericanas dirigen contra la estrategia del combate a la droga impulsada por EUA.

“Lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Estados Unidos, junto con las oligarquías locales y los intereses transnacionales, están implementado una estrategia militarista para saquear nuestros recursos, apropiarse de nuestro territorio, cambiar nuestra cultura”, explicó Bertha Cáceres, coordinadora nacional del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

“Los pueblos indígenas y negros estamos siendo criminalizados, estigmatizados y asesinados. De esa manera quieren desplazarnos de las zonas donde abundan los recursos naturales”, aseveró.

Para ella, la escalada militarista es parte de la dominación económica y política que sufre la región centroamericana. “La violencia es producto de la injusticia y la desigualdad social. No es más que un eje del sistema político-económico neoliberal impuesto por EUA a los países centroamericanos”, amplió.

Ethlen Erlinda Wood, coordinadora de la organización Ecos de la Mosquitia, expresa su profunda preocupación ante el reiterado hostigamiento de parte de los cuerpos especiales que operan en esta zona remota de Honduras. “Después de la masacre del 11 de mayo en Ahuas, las tropas hondureñas y los agentes norteamericanos siguen maltratando a los civiles y violentando los derechos del pueblo miskito. Todos nos hemos vuelto sospechosos de algo y es una carga psicológica muy pesada. Ya nadie se siente seguro y nuestra forma de vida está cambiando. Vamos a exigir el retiro inmediato de todas las bases militares ‘gringas’ del territorio miskito”, aseguró Wood.

Para los pueblos garífunas hondureños, el acaparamiento de sus tierras y la expulsión de sus territorios es el resultado de la voracidad de los poderes fácticos que controlan el país y del capital transnacional, para desarrollar en toda tranquilidad los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, implementar la explotación minera y extender el modelo de monocultivos a gran escala. “Y si los militares y los policías no son suficientes, hay un ejército de guardias de seguridad privada fuertemente armados y sin control, preparados para defender a sus patrones hasta las últimas consecuencias”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña).

Criminalización de la protesta

En este contexto de convulsión social, la lucha impulsada por varias organizaciones sociales y populares para contrarrestar la que consideran “una escalada militarista y saqueadora”, está siendo brutalmente criminalizada y reprimida.

Uno de los elementos usado para “apretar la tuerca” contra los movimientos sociales es el uso, cada vez más frecuente, de efectivos militares para cumplir con tareas de seguridad pública. En los países del Triángulo Norte, los Parlamentos han legislado para otorgar al ejército funciones que son propias de la policía.

“Hay una persecución sistemática en contra de los dirigentes comunitarios y los líderes de la protesta. Lo hemos visto en Santa Cruz Barilla, en San Juan Zacatepeque, en Nebaj y en todos los lugares donde la población se ha organizado para combatir los megaproyectos y la minería. Sólo por el hecho de estar protestando y de denunciar que nadie los está tomando en cuenta, el gobierno acusa a los movimientos de delincuentes y terroristas”, dijo Juan Pablo Ozaeta, investigador del CER Ixim (Colectivo de Estudios Rurales) de Guatemala.

En esta lucha contra la explotación de recursos de parte de las grandes transnacionales norteamericanas y europeas ya han sido asesinadas varias personas. Además, fue denunciada la violación sistemática de los derechos humanos, como producto de la creciente militarización y el uso de nuevas técnicas de inteligencia militar para interceptar e identificar liderazgos comunitarios.

En Panamá, la aprobación de leyes antisociales ha generado una fuerte reacción de parte de la población. La represión policial contra los trabajadores bananeros en Bocas del Toro y el pueblo Ngöbe Buglé en Chiriquí, ha dejado un saldo de muertos y heridos. Por el uso ilegal de perdigones hay decenas de trabajadores del banano que han quedado ciegos.

“El pueblo ha salido a las calles de manera combativa reclamando sus derechos y la respuesta ha sido más represión. Todo eso en el marco de una política de seguridad para supuestamente combatir el narcotráfico, pero que al final es utilizada para reprimir la protesta social”, subrayó Silvestre Díaz.

Díaz explicó que la creación de unidades especiales relacionadas con el SENAFRONT (Servicio Nacional de Fronteras) ha servido sobre todo para reprimir a la población. “Todos estos nos lleva a recuerdos muy tristes que pensábamos se habían quedado en el pasado”, dijo.

Más Estado y menos militarización

Según amplios sectores de las sociedades centroamericanas no es con la militarización, ni con la violencia que se resuelve el grave problema de la narcoactividad y el crimen organizado. Durante el Foro “Fortalecimiento de las instituciones democrática”, Carmen Rosa Villa, representante regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció en contra de que el Estado aplique “mano dura” para combatir la delincuencia. “El Estado debe recuperar su rol social, que ahora está en manos del crimen organizado, y los gobiernos deben aplicar políticas preventivas de los factores de riesgo de la violencia, atacando las raíces del problema como son la falta de educación y empleo”, dijo.

Según Francisco Dall’Anese, ex fiscal general de Costa Rica, la falta de oportunidades y el desinterés hacia una adecuada distribución de la riqueza han llevado la región a esta situación. “En estos espacios donde el Estado no brinda servicios, no resuelve los problemas de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, viene el crimen organizado y les da a los ciudadanos todo lo que necesitan. Esos grupos sociales terminan dando legitimidad a quienes les trajeron esperanza y comida”, explicó.

También para Jorge Coronado, resolver los problemas de pobreza y exclusión social es la única forma para atacar, desde sus raíces, las causas estructurales que hacen que cada vez más sectores se incorporen al narcotráfico y al crimen organizado. “El caldo de cultivo está en los grandes cordones de miseria que existen en los países centroamericanos. Como movimientos sociales tenemos el gran reto de profundizar nuestra análisis para contraponerla a la propuesta dominante de la militarización y la violencia”, manifestó Coronado.

Paralelamente a las problemáticas sociales, el combate a la corrupción y a la penetración de las instituciones, así como el fin de la impunidad parecen ser otras de las medidas urgentes y necesarias para luchar contra el crimen. “Necesitamos fortalecer la institucionalidad del Estado y revisar el funcionamiento de las instituciones, de tal manera que tengamos claro al servicio de quiénes están, es decir si de la criminalidad organizada o de los intereses nacionales”, sugirió María Silvia Guillén.

La ex comisionada de la CIDH explicó que los gobiernos deben llenarse de soberanía. “En vez de estarles cuidando las fronteras a los Estados Unidos debemos de cuidar los intereses de cada uno de nuestros países”, sentenció.

Para la dirigente garífuna Miriam Miranda, hay una política hipócrita contra el narcotráfico. “El crimen organizado ha penetrado las instituciones. Todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Prefieren criminalizar a los pueblos, hostigarnos, diezmarnos, preparando las condiciones para abrir las puertas al capital transnacional”.

Además, son muchos los que opinan que el verdadero problema no radica en Centroamérica, sino en el Norte. “Por mucha voluntad y capacidad que se tenga, el problema no lo vamos a resolver nosotros. Los cárteles no terminan al llegar a la frontera con EUA, porque allá hay quién recibe, transporta y distribuye la droga. Allá está la demanda y los consumidores. ¿Qué está haciendo EUA para desarticular estos grupos y combatir el consumo?”, se preguntó Jacinto Suárez.

Una lucha que, definitivamente, debe ser consensuada y tiene que involucrar a la población. “Hay que involucrar a las comunidades, buscar estrategias junto con el pueblo, investigar a fondo los grupos económicos y de poder que están coludidos con este fenómeno. Si no se pone un alto a la impunidad, si no se ataca la pobreza y la miseria, si no se cambia el modelo económico fracasado que nos ha llevado hasta ese punto, no vamos a resolver nunca este problema”, concluyó la dirigente indígena Bertha Cáceres.

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